LA TEORIA DE LOS ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS

Fabián Novak Talavera*

INTRODUCCION

Hoy en día sigue vigente la afirmación según la cual se señala al Estado como el principal sujeto de Derecho Internacional. Aún cuando el Estado ha perdido la exclusividad que, como sujeto único en la esfera jurídico internacional, tuviera hasta comienzos del

presente siglo, nadie duda de su claro protagonismo.

Los Estados, como sujetos plenos de Derecho Internacional, poseen capacidad jurídica para producir actos jurídicos internacionales. Dichos actos pueden ser, básicamente, de dos tipos: unilaterales y multilaterales.

Los primeros -pese al precario desarrollo que han merecido por parte de la doctrina han cobrado una importancia cada vez mayor en el Derecho Internacional, no sólo porque colaboran en su desarrollo, sino porque se plantea la posibilidad de que ellos constituyan una verdadera fuente del Derecho de Gentes.

En efecto, la teoría de los actos unilaterales no ha merecido mayor atención por parte de la doctrina, notándose una serie de vacíos y carencias en su tratamiento. Sin embargo, paralelamente a ello, su importancia ha ido creciendo cada vez más dentro de la teoría de las fuentes del Derecho Internacional. Esto, según Manuel Diez de Velazco, es producto de

tres factores fundamentales1:

a. La adopción, por parte del Derecho Internacional, de conceptos e instituciones del Derecho Privado, lo cual ha conducido a que la doctrina del negocio jurídico se haya transplantado al orden internacional,

b. La superación del positivismo voluntarista, tanto en lo referente a la fundamentación como a la existencia del Derecho Internacional y,

* Profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la PUCP, de la U. de Lima y de la Academia

Diplomática del Perú. Coordinador e Investigador principal del IDEI.

DIEZ DE VELAZCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid: Tecnos, 1985, T.

1, p. 156.

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c. La creciente importancia que han adquirido los actos unilaterales en determinadas materias del Derecho Internacional, especialmente, en lo referente al Derecho Internacional Marítimo.

En este sentido, el presente trabajo se encuentra dedicado al estudio de la teoría de los actos unilaterales de los Estados, buscando brindar al menos una luz, sobre una serie de aspectos aún oscuros o poco conocidos de esta materia.

l. CONCEPTO

     El ex presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Jiménez de Aréchaga, define al acto unilateral como «la declaración unilateral de voluntad de un único sujeto de Derecho Internacional que tiene por objeto dar origen a vínculos jurídicos internacionales, cuyos efectos están previstos o autorizados por el Derecho lnternacional»

Guillermo Moncayo, en una definición más escueta, señala: «Se consideran actos unilaterales de los Estados a aquellas manifestaciones de voluntad emanadas del Estado y que tienden a producir ciertos efectos jurídicos»3•

De ambas definiciones, es posible extraer ciertos elementos comunes y determinantes en la configuración de un acto unilateral. Dichos elementos serán analizados en el siguiente punto.

2. ELEMENTOS

Entre los elementos constitutivos del acto unilateral podemos señalar los siguientes:

2.1 Una manifestación de voluntad, es decir, se requiere ante todo de la presencia de una

declaración de voluntad, esto es, de un asentimiento.

2.2 Que esta manifestación de voluntad sea hecha por un solo Estado. En otras palabras, la manifestación debe ser unilateral.

2.3 Que tal manifestación unilateral de voluntad tienda a producir efectos jurídicos. Tales efectos se traducirán necesariamente en una obligación a cargo del Estado declarante y en un derecho a favor del Estado destinatario de la declaración. Esto, en virtud del Principio de Igualdad Soberana de los Estados, que impide que un Estado pueda imponer obligaciones

a otro por su mera voluntad. Un Estado, sólo puede entonces crear unilateralmente derechos en favor de un tercer Estado. Si por el contrario, el acto no llega a generar efectos jurídicos, entonces consideramos que no puede ser entendido como un acto unilateral en el sentido en que lo hemos utilizado hasta ahora.

2 JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Curso de Derecho Internacional Público, Montevideo: Fundación de

Cultura Universitaria. 1979, Tomo I, p. 222.

3 MONCA YO, Guillemo, YINUESA, Hortencia y otros. Derecho Internacional Público, Buenos Aires: Víctor

P. de Zavalía, 1981, Tomo I, p. 160. Otros autores con Máx Sorensen, José Pastor Ridruejo o Manuel Diez de

Vclazco, formulan definiciones similares. Sin embargo, en este caso, hemos preferido citar que consideramos

más completas.

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En este sentido y pese a la opinión contraria de la CIJ en el asunto de los Ensayos Nucleares, donde expresó que «por cierto, no todos los actos unilaterales importan obligaciones” consideramos que un acto unilateral que no genera efectos jurídicos no debe ser

considerado como tal. En efecto, si como hemos señalado, el acto unilateral de un Estado no puede imponer obligaciones o deberes a un tercer Estado en provecho suyo y, por otra parte, aceptamos la afirmación de la Corte en el sentido que existen actos que tampoco crean derechos en favor de estos terceros Estados, pues entonces ¿de qué actos estamos hablando? Estaríamos hablando de actos carentes de todo efecto jurídico y, consecuentemente, de actos ajenos al mundo del Derecho. En consecuencia, si hablamos de actos jurídicos unilaterales, necesariamente hablamos de actos con efectos jurídicos, es decir, de actos que generan obligaciones para el Estado declarante y derechos para el destinatario.

2.4 Que su validez o eficacia no dependa de otros actos jurídicos. Esto es lo que Alfred Verdross denomina «actos jurídicos unilaterales puros», en tanto no requieren de la presencia de otros actos jurídicos para generar efectos por sí solos.

2.5 Que el acto sea conforme con el Derecho Internacional. Un acto unilateral contrario al

Derecho de Gentes no puede ser reputado como legítimo, más aún, debe ser repudiado por la Comunidad Internacional. Un ejemplo de esto lo constituye la anexión por Israel en 1981 del territorio árabe del Golán, por medio de una ley interna  claramente violatoria del Derecho Internacional. Tal acto no sólo fue calificado como lícito por la Asamblea General de las Naciones Unidas sino que fue·repudiado por Resolución de 5 de Febrero del

mismo año, ordenando el aislamiento político, militar y económico del Estado israelfi. En este punto resulta interesante citar la opinión discrepante del profesor argentino Arturo Pagliari, quien señala que cuando un acto unilateral contraviene una norma de Derecho

Internacional «nos encontraríamos frente a un acto, que es lícito en sí mismo, pero que se encuentra en pugna con otros compromisos o acuerdos vigentes, asumidos previamente por el Estado antes de la declaración. Como el acto obliga también al Estado, debiendo éste atenerse a sus términos, será responsable internacionalmente -señala- tanto si no lo cumple como si lo hace contraviniendo normas dispositivas y deberá responder por los perjuicios derivados de su falta de cumplimiento»6•

Definitivamente, Pagliari incurre en un error, pues no es posible sostener en Derecho la licitud de un acto contrario al Derecho vigente. Si el acto unilateral, al momento de ser dado por el Estado, contraviene una norma de Derecho Internacional a la cual éste se encuentra obligado, el acto será ilícito y, por ende, inválido. Más aún, si contradice una norma de ius cogens, el acto será nulo ipso jure, careciendo también de todo efecto jurídico.

4 CIJ Op. Cit., p. 457.

5 CAMARGO, Pedro Pablo. Tratado de Derecho Internacional, Bogóta: Temis, 1983, T. 1, p. 437.

6 PAGLIARI, Arturo. "Los Tratados, la Costumbre y los Principios Generales del Derecho como Fuente del Derecho

Internacional Público". EN: Derecho Internacional Público: Ensayos 1, Córdoba: Advocatus, p. 69-70.

152 Agenda Internacional

Finalmente, es pertinente señalar que todos estos elementos deberán concurrir de manera conjunta para que el acto unilateral se cristalice ya que la ausencia de alguno de ellos impediría su conformación.

3. CLASIFICACION

No existe un criterio uniforme en la doctrina respecto a la clasificación de los actos

unilaterales. Clásicamente, empero, los actos unilaterales de los Estados, o negocios jurídicos unilaterales, como los denomina Verdross y la escuela italiana, han sido clasificados de la siguiente forma:

3.1 Notificación:

La notificación puede ser definida como la manifestación unilateral de voluntad de un Estado, por la cual comunica oficialmente a otro determinado documento, hecho o situación,

fijando sus puntos de vista sobre cuestiones de importancia internacional, tales como política exterior, relaciones internacionales, políticas con los países vecinos, etc. Cualquier materia puede ser objeto de notificación. La finalidad de este acto es dar a otro Estado una certeza legal de información. Esta declaración unilateral puede ser de dos tipos:

a) Facultativa o Voluntaria: cuando la declaración no emana del cumplimiento de una obligación internacional. Por ejemplo, el cambio de Jefe de Estado, la ruptura de relaciones diplomáticas, etc.

b) Obligatoria o Preceptiva: cuando la declaración emana del cumplimiento de una

obligación internacional. Por ejemplo, el lanzamiento de satélites artificiales al espacio,

la notificación de la puesta de minas submarinas por los Estados beligerantes o neutrales (Convención de la Haya de 1907), bloqueo en caso de guerra marítima

(Declaración de Londres de 1909 sobre el derecho de la guerra marítima) o la notificación del estado de guerra por los Estados beligerantes a los neutrales (Convención de la Haya de 1907)1.

No obstante, el profesor francés Pierre V ellas niega que la notificación sea un verdadero

acto unilateral. Entiende que se trata de un mero acto de publicación cuyo único papel

es instrumental, es decir, su única finalidad es llevar una información determinada al conocimiento de otro Estado. Concluye, entonces, que la publicación de un acto no debe ser confundida con el acto mismo8•

7 LLANOS MANSILLA. Hugo. Teoría y Práctica del Deredw T nh-rnadonall'úblieo, S:mtiago de Chile: Editorial

Jurídica de Chile, 1987, T.!, p. 388.

8 VELLAS, Pierre. Droit International Public: Institutions lnternationales, París, 1967. Citado por Halacjzuk,

Bohdan y Dominguez, María Teresa, p. 94

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V ellas. definitivamente acierta cuando afirma que la notificación no es un acto jurídico unilateral. Cuando la notificación es, por ejemplo, obligatoria o preceptiva, ésta constituye

una verdadera condición de forma para la validez del acto

• Así, la notificación de bloqueo marítimo es una condición para la validez y licitud del bloqueo. Ella, empero, no produce los efectos jurídicos; el conjunto de derechos y obligaciones internacionales se derivarán del acto mismo (el bloqueo), no de su notificación

Por tanto, es posible concluir que la notificación no es un acto jurídico unilateral, en tanto no genera ningún derecho u obligación jurídica. La notificación es un simple instrumento, a través del cual se pone en conocimiento un acto, es decir, carece de sentido por sí

misma; no tiene contenido jurídico alguno.

3.2 Renuncia:

La renuncia viene a ser el abandono voluntario de un derecho, facultad, pretensión o expectativa de derecho, cuando ellos son susceptibles de renuncia. Así, un Estado puede renunciar a derechos territoriales, a la inmunidad de sus agentes diplomáticos o a presentar

o llevar adelante una reclamación diplomática.

Para Pedro Pablo Camargo, la renuncia, por la gravedad del compromiso que el Estado asume, debe ser necesariamente expresa, solemne y formal,

, es decir, no cabe renuncia tácita. Esta opinión fue confirmada por la sentencia arbitral del Presidente de Chile José Joaquín Pérez, de 1 de agosto de 1870, en el asunto del cierre del puerto de Buenos Aires, entre la Argentina y Gran Bretaña, donde se dijo «que el hecho de no haber formulado reserva de un derecho no implica que se le abandona»12

•

Contrario a esta opinión, Sepúlveda afirma la existencia de dos tipos de renuncia: la renuncia expresa y la renuncia implícita. Sobre esta última, el autor mexicano pone como ejemplo el caso de un territorio que pasa a ser ocupado por otra nación y el Estado cuyo territorio es objeto de ocupación no se opone ni protesta. En este caso- señala Sepúlveda se

debe entender que ha existido una renuncia implícita13•

La opinión de Sepúlveda tiene como base la institución del estoppel. El entiende que al existir tal figura resulta lógico pensar en una renuncia implícita. Sin embargo, parte de un error. La institución del estoppel es una figura netamente procesal que no crea, modifica ni extingue una situación jurídica, sino que sólo imposibilita una determinada alegación.

Así, en el ejemplo, la inacción del Estado cuyo territorio es ocupado no puede ser tomada

como una renuncia tácita o implícita, ya que tan sólo vuelve inadmisible cualquier demanda o reclamo posterior. Es decir, aquí no hay renuncia a derecho o pretensión sustantiva alguna. Aquí tan sólo hay una sanción procesal por inacción: la no admisibilidad de la demanda.

9 MELLO, Celo Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público, 9na ed, Río de Janeiro: Renovar,

1992, T. 1, p. 245.

10 JACQUE, Jean Paul. "A propos de la Promesse Unilatérale". EN: Mélanges Offerts a Paul Reuter, 1983, p. 327.

Citado por Mello, Celso. Op. cit., p. 245.

11 CAMARGO. Pedro Pablo. Op. Cit., p. 440.

12 LLANOS MANSILLA, Hugo. Op. Cit., p. 392.

13 SEPUL VEDA, César. Curso de Derecho Internacional Público, 2da ed., México: Editorial Porrua, 1964, p. 103.

154 Agenda lntemacional

Por tanto, la renuncia a un derecho sólo será posible si se formula en forma expresa, solemne y formal. En este sentido, la interpretación de un acto de renuncia deberá ser siempre restrictiva, evitando en lo posible perjudicar a su autor. Por otro lado, la renuncia es usual en el ajuste de límites o en la solución de controversias (para evitar una fricción o llegar a un acuerdo con el Estado contra el cual se tiene

la reclamación). Un subtipo de renuncia es precisamente el desistimiento, empleado en el

campo del derecho procesal internacional.

En síntesis, cuando hablamos de renunci~ estamos frente a un acto jurídico unilateral pleno de un Estado. La renuncia tiene un efecto jurídico evidente: la extinción de un derecho o de una pretensión jurídica para el Estado declarante y, con ello, la imposibilidad de

un reclamo posterior de éste.

3.3 Reconocimiento:

Charpentier define el reconocimiento como la manifestación de voluntad por la cual un Estado se adhiere a la modificación de una situación efectuada sin su participación. En otras palabras, por el reconocimiento un Estado hace constar como legítima la existencia de un hecho, una situación o una determinada pretensión jurídica. El reconocimiento puede ser también negativo, cuando no se reconoce una situación de hecho por transgredir una regla de Derecho Internacional. Es el caso de la doctrina Stimson formulada el 1 de enero de 1932, por la cual los Estados Unidos de América anunciaron el no reconocimiento de situaciones, tratados o convenios impuestos por la fuerza en contravención del Tratado de París y del Pacto de la Sociedad de Naciones.

Por otro lado, el reconocimiento tiene carácter discrecional, es decir, el otorgarlo o no, depende exclusivamente de la voluntad del Estado declarante no existiendo deber jurídico alguno en este sentido.

El reconocimiento tiene un efecto declarativo y no constitutivo, en tanto se limita a constatar la existencia de un hecho. Tal efecto es, además, de carácter relativo, en tanto el objeto o situación reconocido pasa a ser oponible únicamente a quien lo reconoció.

En consecuencia, los efectos jurídicos del reconocimiento son fijados por quien lo otorga y duran hasta que la respectiva realidad desaparezca15•

Por otra parte, el reconocimiento puede ser de dos tipos: expreso, cuando hay una manifestación formal de voluntad, o tácito, si la voluntad puede ser deducida de una conducta o comportamiento concluyente.

Por último, cabe mencionar la acertada opinión del frances Vellas sobre este tema. V ellas califica este acto como un «acto-condición». Entiende que en esta situación la

14 CHARPENTIER, Juan. La Reconnaisance International et L'evolution du Droit des Gens, París, 1955.

15 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público, Madrid: Biblioteca Jurídica Aguilar, 1982, p. 141-142.

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manifestación de voluntad produce, solamente para el caso determinado la aplicación de una norma preestablecida por el Derecho Internacional. En consecuencia, en el caso del reconocimiento de Estados o de gobiernos, el Estado se obliga a observar respecto de ese Estado o gobierno reconocido, el conjunto de derechos que implica la subjetividad internacional en un caso y la organización política en el otro. Concedido el reconocimiento, el Estado

no puede objetar más tarde la existencia, validez o legitimidad del hecho o situación reconocida.

En este sentido, el reconocimiento surte efectos jurídicos, y es por lo tanto, un acto jurídico unilateral.

3.4 Promesa:

Por medio de este acto, el Estado se compromete a adoptar una conducta futura de hacer o no hacer. Aquí el Estado realiza una concesión espontánea y gratuita.

Su capacidad de generar consecuencias jurídicas fue puesta de manifiesto en el caso de Groenlandia Oriental, al considerar la Corte como obligatoria para Noruega la declaración de su Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. Ihlen, en el sentido que su país no reclamaría territorios en Groenlandia. Otros ejemplos de promesa son las declaraciones de Albania, Finlandia, Irak, Letonia, Lituania y Estonia a la Sociedad de Naciones sobre protección de minorías;

la declaración de Alemania de 1937 referente a la inviolabilidad de Bélgica;

la declaración de los Estados Unidos sobre el cese del fuego en Vietnam;

la promesa del gobierno británico a Francia de no expropiar los bienes del ciudadano frances Mavrommatis en Jerusalém (resuelto

por la CPTI);

la promesa del gobierno polaco de no expropiar ciertos depósitos alemanes en dinero en la Alta Silesia (caso visto también ante la CPJl);

el fallo de 1 de octubre de 1946 del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que reconoció el carácter

obligatorio de las promesas unilaterales efectuadas por Alemania respecto a la inviolabilidad de Austria;

y finalmente, la promesa de Francia, en el asunto de los ensayos nucleares entre Francia y Nueva Zelandia, obligándose a poner fin a los ensayos nucleares

atmosféricos.

La promesa es, entonces, un típico acto jurídico unilateral y como tal, surte efectos

una vez puesto en conocimiento de la contraparte, no exigiendo -como erróneamente sostiene

V ellas- otra voluntad de aceptación16

•

3.5 Protesta:

La protesta es la declaración unilateral de voluntad de un Estado por la cual manifiesta a otro sus objeciones u oposición contra un hecho consumado. Tal inconformidad debe ser puesta de manifiesto pues, en muchos casos, si un Estado no protesta contra la

violación de una regla de Derecho Internacional puede dar lugar al silencio con efectos jurídicos, comúnmente denominado estoppel.

Claro ejemplo de esto es la falta de oposición (protesta) a la costumbre durante su

16 VELLAS, Pierre. Op. Cit., p. 94-95.

156 Agenda Internacional

período de formación, por parte de un Estado, actitud que conlleva a su aplicación sin más contra éste.

El estoppel es una regla del derecho inglés no uniforme que los franceses denominan «forclusión» y los latinoamericanos «doctrina de los actos propios». Por ella, un Estado no

puede plantear una reclamación contra un hecho o acto que ha convalidado con su conducta posterior. En consecuencia, es una institución puramente procesal que como ya señalamos no crea, modifica ni extingue una situación jurídica, sino que sólo imposibilita una determinada alegación y hace que se le considere inadmisible17 •

Así lo señaló la CU en el litigio anglo-noruego sobre pesca relativo a la extensión de las aguas territoriales noruegas, cuando dijo: «Absteniéndose de emitir una protesta u oposición a la legitimidad de los derechos

noruegos, el Reino Unido, dada su posición de potencia marítima y teniendo en cuenta su interés en las zonas de pesca en cuestión, ha implícitamente reconocido su validez»18 • Del mismo modo, en el caso de los empréstitos serbios y brasileros, la CPJI en su sentencia de 12 de julio de 1929, señaló que los tenedores franceses de los títulos de la

deuda no habían hecho declaraciones claras e inequívocas sobre las que pudieran fundarse los Estados deudores para alegar el estoppeP9• Por su parte, la sentencia de 18 de noviembre de 1960, sobre el asunto de la sentencia arbitral del rey de España de 23 de diciembre de 1906, entre Honduras y Nicaragua, afirmó que este último había reconocido la validez de la sentencia real, por sus declaraciones expresas y por su posterior comportamiento20•

En igual sentido, la sentencia de 15 de junio de 1962 dictada en el caso del Templo de Preah Vihear, entre Tailandia y Camboya, consideró que el primero no podía negar ser

parte en una Convención de 1904 sobre fronteras, cuando por mucho tiempo invocó y disfrutó los beneficios del acuerdo. La Corte señaló: « .. .las circunstancias eran tales que exigían alguna reacción, dentro de un plazo razonable,

por parte de las autoridades de Siam si éstas querían objetar el mapa o tenían alguna duda seria que plantear a su respecto. Ahora bien, ellas no reaccionaron, ni entonces ni durante muchos años, por lo que debe concluirse en su aquiescencia»21 • Finalmente, en la sentencia del 26 de noviembre de 1984 en el caso de las actividades

militares y paramilitares en y contra Nicaragua, la Corte descartó la aplicación del estoppel, figura invocada por los Estados Unidos de América.  De todo esto es posible extraer como conclusión que la eficacia de la protesta dependerá,

en gran parte, de su reiteración. Esto quedó plenamente confirmado en el asunto Chamiza! entre los Estados Unidos y México, donde la Comisión Internacional dictaminó el 1 O de junio de 1911 que el hecho de que México hubiera protestado repetidamente, en-

17 DIEZ DE VELAZCO, Manuel. Op. Cit., p. 158.

18 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Recueil des Cours, 1951, p. 138-139.

19 CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, Serie A, N" 20 y 21, p. 20.

20 CIJ. Op. Cit., 1960, p. 213.

21 CIJ. Op. Cit., 1962, p. 30

Instituto de Estudios Internacionales 157

tre 1849 y 1895, contra la ocupación por los Estados

Unidos de la zona disputada, interrumpió

la prescripción adquisitiva de los derechos de este último. En síntesis, la protesta permite reservar y mantener el derecho del Estado que la formula

en todos los casos en que su silencio se entendería como aquiescencia, aceptación o reconocimiento. La protesta impide la consolidación de una situación adversa. En consecuencia, desde nuestra perspectiva la protesta no produce efecto jurídico alguno, pues ningún derecho es creado por medio de ella y ninguna obligación es impuesta. Su único fin es evitar se consagre una situación jurídica. La protesta podría ser catalogada -utilizando la doctrina de los actos unilaterales del Derecho Privado- como un hecho jurídico, es decir, como un hecho que no genera efectos, mas sí consecuencias jurídicas. En este caso, evitar el silencio con efectos jurídicos, esto es, evitar que una situación jurídica se cristalice. Como sostiene el profesor brasilero Celso Melo, la protesta evita la creación de una norma jurídica, mas ella misma no crea una.

3.6 Reserva:

A través de la reserva, el Estado conserva su derecho con la finalidad de hacerlo valer oportunamente en la instancia adecuada. Esta reserva por tanto, se distingue de las reservas a los tratados que son actos unilaterales dependientes y condicionados23• La reserva de derecho tiene una finalidad distinta. Busca evitar la continuidad y conformidad de una situación jurídica injusta o violatoria del Derecho Internacional. De ahí

que muchos la asemejen a la protesta. Como ejemplos pueden mencionarse: la reserva de Argentina sobre las pretensiones territoriales de Gran Bretaña en las islas Falkland o la reserva del gobierno peruano de

extraditar al presidente Alan García al momento de otorgarle el salvoconducto de asilado, entre otros.

En este caso, tampoco nos encontramos frente a un acto jurídico unilateral del Estado. Aquí, el declarante no asume obligación jurídica alguna, sino tan sólo se limita a resguardar un derecho, esto es, ponerlo a buen recaudo.

Conclusión

De lo antes expuesto puede concluirse que no todos los actos unilaterales señalados por la doctrina son en realidad tales. Como hemos podido comprobar, no todos ellos surten efectos jurídicos, no todos crean derechos y obligaciones y por lo tanto, no deben ser incluidos en esta categoría.

22 MELO, Celso de Albuquerque. Op. Cit., p. 245.

23 CAMARGO, Op. Cit, p. 440.

158 Agenda lntemacional

En síntesis y desde nuestro punto de vista, para el Derecho Internacional sólo serán actos jurídicos unilaterales: el reconocimiento, la renuncia y la promesa. Debemos señalar además que todos estos actos jurídicos unilaterales tienen como denominador común su autonomía e independencia en relación con otro acto jurídico unilateral, es decir, son actos que no requieren de otro acto o voluntad para surtir plenos efectos jurídicos. Desde esta perspectiva debemos excluir además a los siguientes actos:

a) Los denominados actos jurídicos unilaterales dependientes, ya que no son propiamente

actos unilaterales, puesto que requieren de una segunda voluntad para crear el efecto jurídico internacional deseado. En este sentido, nos parece impropia la denominación

empleada por Verdross de actos unilaterales dependientes, en tanto aquí no hay autonomía, no hay independencia y no hay, por tanto, unilateralidad. Este sería el caso del ofrecimiento y la aceptación.

b) Aquellos actos denominados por Verdross «actos jurídicos asociados» (o mixtos según Halajczuk), los cuales condicionarían sus efectos jurídicos a la realización de cierta actividad material. Es el caso de:

b.l La Ocupación: A través de la cual es posible adquirir la soberanía de un territorio determinado.

b.2 La Derelicción: Que es la renuncia - según Pietro Bonfante- que efectúa un Estado al dominio o soberanía de un territorio, como consecuencia del abandono del mismo.

Por ejemplo, si Argentina retirara de Tierra del Fuego a sus autoridades, la ignora en sus mapas y abandona sus establecimientos.

b.3 La Gestión de Negocios: Por la cual un Estado asume la administración de negocios o asuntos de otro, sin consentimiento ni conocimiento de este último. Rizzo Romano, citando a Rousseau, pone como ejemplo la gestión de negocios que realizó Rusia en 1878 en los territorios de Rumelia y Bulgaria, que pertenecían al Imperio Turco, limpiando de bandidos la zona, construyendo escuelas, etc. Los rusos solicitaron luego a los turcos el pago de todos los gastos que habían efectuado, y así se resolvió, conforme al Tratado de Berlín de 13 de julio de 1878.

•

En estos supuestos, tampoco estamos ante la presencia de actos jurídicos unilaterales puros, en tanto no basta la mera declaración unilateral de voluntad del Estado para crear

efectos jurídicos. Estos actos requieren adicionalmente de una actividad física y material.

4. REVOCACION

La posibilidad de revocar, anular o modificar el contenido o eficacia de un acto jurídico unilateral ha sido un tema ampliamente debatido dentro de la teoría de los actos uni-

24 RIZZO ROMANO, Alfredo. Manual de Derecho Internacional Público, 2da. ed., Buenos Aires: Plus Ultra, 1989.

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laterales. Este debate, se planteó recientemente en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Al respecto, la CU en su sentencia del 26 de Noviembre de 1984 dijo:

«Ciertamente los Estados Unidos tienen el derecho, inherente a todo acto unilateral del Estado, de cambiar el tenor de su declaración o de ponerle fin,( .... ) Parece que la exigencia de la buena fe impone la aplicación por analogía del tratamiento previsto por el Derecho de los Tratados, que prescriben un plazo razonable para la retirada o la renuncia en los tratados que no tengan cláusula alguna de duración»25.

Coincidentes con esta opinión, creemos como Pastor Ridruejo y Max Sorensen que resulta lógica la facultad del Estado declarante de revocar, modificar o anular su declaración. Definitivamente, al haber asumido unilateralmente el Estado la obligación puede

también unilateralmente revocarla sin requerir de otra voluntad permisiva. Obviamente, esta facultad de revocación unilateral no es una potestad irrestricta sino

que está sujeta, como señala la Corte, al principio de la buena fe y al criterio de razonabilidad. Esto significa pues que la revocación o modificación de la declaración unilateral sólo podrá ser realizada antes que haya llegado al conocimiento del destinatario, es

decir, antes de que empiece a surtir efectos jurídicos. Luego de ser conocido por el destinatario, el acto unilateral surte plenos efectos jurídicos, por lo cual, la revocación es imposible. Aquí, la obligación asumida por el Estado declarante tiene su correlato en un derecho del Estado receptor de la declaración, el cual, en consecuencia, no puede ser dejado

sin efecto unilateralmente desconociendo la expectativa de éste último. Somos contrarios, en consecuencia, a la opinión de Arturo Pagliari, para quien el acto unilateral es irrevocable. El profesor argentino señala que el acto unilateral no necesita

de ninguna otra voluntad o consentimiento para su plena eficacia, es decir, para surtir efectos jurídicos. Concluye además, que la posibilidad de revocación es incompatible con la naturaleza estrictamente unilateral del acto por que al surtir efectos desde el momento

mismo de la declaración, no cabría momento en el cual sea posible efectuar la revocación.

       Sin embargo, el autor nuevamente parte de un error. Pagliari, en efecto, confunde el momento de nacimiento o perfeccionamiento del acto (declaración de voluntad), con el momento en el que el acto surte efectos jurídicos (conocimiento de la declaración por el destinatario). Es en virtud de esta confusión que el autor no percibe el momento en el cual la revocación es posible; no advierte que tal revocación es viable desde que la misma es realizada hasta antes de que la declaración primigenia sea conocida por el destinatario. Por tanto, podemos concluir en la revocabilidad del acto unilateral, con la única limitación que la misma sea efectuada con anterioridad a que la declaración originaria llegue a conocimiento del destinatario.

25 CIJ Recueil des Cours, 1984, p. 419-420.

26 PASTOR RIDRUEJO, José. Op. Cit., p. 141.

27 SORENSEN, Max. Op. Cit., p. 182.

28 PAGLIARI, Arturo. Op. Cit., p. 72.

160 Agenda Internacional

5. INTERPRETACION

La jurisprudencia internacional en diversas ocasiones se ha pronunciado respecto a la interpretación de los actos unilaterales de los Estados. De tales fallos pueden deducirse los siguientes principios29:

5.1 Ante todo, la interpretación debe ser restrictiva, es decir, dado que el acto unilateral crea una obligación jurídica a cargo del Estado declarante -al imponerle a éste una carga- su interpretación no puede ser extensiva. (Asunto de los Ensayos Nucleares,

CU, 1974).

5.2 La interpretación del acto debe ser además natural y razonable con respecto al contenido de la declaración. No debe basarse por tanto, en una interpretación puramente gramatical del texto (Asunto Anglo-Iraní Oil Company, CIJ, 1952).

5.3 Finalmente, el acto unilateral debe ser interpretado en principio de acuerdo con el derecho existente y no contra el (Asunto del Derecho de Paso por Territorio Indio, CIJ, 1957). En consecuencia, en caso de duda sobre el verdadero alcance y contenido de un acto

unilateral se deberán tener en cuenta estos criterios de interpretación, a fin de resolver dicha duda con eficiencia y equidad.

6. EFECTOS JURIDICOS

Dentro de la teoría de los actos unilaterales de los Estados el punto de los efectos jurídicos resulta siempre de vital importancia. Este tema, sin embargo, sólo puede ser analizado desde dos perspectivas:

6.1 Respecto del Estado Declarante:

Los actos unilaterales de los Estados, como ya lo señalamos, no crean obligaciones generales, sino obligaciones jurídicas particulares a cargo del Estado declarante. En ellos, el Estado asume un compromiso jurídico internacional y, en consecuencia, su conducta

debe orientarse al cumplimiento de tal obligación, toda vez que esta constituye una norma de Derecho Internacional. Como contrapartida, los demás Estados destinatarios de la declaración unilateral tienen el derecho de exigir a quien asumió el compromiso, el cumplimiento del mismo. Tal efecto, ha sido confirmado por la sentencia de 20 de diciembre de 1974 de la CIJ en el asunto de los Ensayos Nucleares, donde se señaló: «En virtud de estas declaraciones, Francia ha asumido una obligación de comportamiento

que producía efectos jurídicos respecto a toda la Comunidad Internacional, sin que

29 Ibid.

Instituto de Estudios Internacionales 161

fuese necesaria ninguna contrapartida, aceptación ulterior, réplica o reacción de otros Estados

» En consecuencia, todos los actos jurídicos unilaterales como tales, van a importar sólo una obligación para el Estado declarante y un derecho para el destinatario31

•

6.1.1 Requisitos:

Para que los actos jurídicos unilaterales puedan surtir efectos jurídicos deben reunir determinados requisitos de capacidad, forma y fondo:

a) En lo que se refiere a la capacidad, el acto debe emanar de un órgano del Estado con capacidad para comprometerlo en el plano internacional. En este punto resulta pertinente tener un cuenta lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados donde, recogiendo la costumbre internacional, se señalan las personas que gozan de representación para suscribir

tratados a nombre de sus respectivos Estados nacionales. Así, en el asunto de Groenladia Oriental, la CIJ, dijo en relación a la declaración del Ministro de Asuntos Exteriores noruego, señor Ihlen, que «semejante respuesta a una petición del representante diplomático de una potencia extranjera, hecha por el ministro de asuntos exteriores en nombre del gobierno, en un asunto que es de su competencia, obliga

al país que pertenece el ministro»32

 En igual sentido la CU en el asunto de los ensayos nucleares, respecto de la declaración del Presidente francés señaló: «no hay duda de que, habida cuenta de sus funciones, las comunicaciones o declaraciones públicas, verbales o escritas, que emanen de él en tanto que Jefe de Estado, representan en el campo de las relaciones internacionales actos del Estado francés»33.

b) En cuanto a la forma, ésta debe ser pública, como se desprende de la sentencia antes citada. Del mismo modo, en la sentencia de la CIJ en el asunto del Templo de Preah Vihear se señaló que «cuando la ley no prescribe forma particular, las partes son libres de escoger las (formas) que les gusten, siempre que la intención resulte de ella claramente»34

•

30 CIJ Recueil des Cours, 1974, p. 254.

31 Es preciso señalar aquí una excepción a la regla. En el Derecho Internacional existen, por la propia novedad del tema, algunos aspectos que adolecen de vacíos o lagunas. En estos caso'. los Estados pueden llenar los vacíos mediante declaraciones unilaterales de voluntad que tendrán efectos jurídicos para terceros Estados. Este fue precisamente el caso del Derecho del Mar y concretamente del Mar Territorial que carecía de una regulación específica a nivel de las fuentes principales en el Derecho Internacional hasta la segunda mitad del siglo. Ante este vacío los Estados emitieron sendas declaraciones unilaterales destinadas a llenar estos. En casos como éste, las declaraciones serán en consecuencia oponibles a terceros Estados, es decir, obligarán a éstos, siempre y cuando la declaración no violeo restrinja ninguna norma o principio del Derecho Internacional.

32 CPJI serie A/B, N" 53, p. 71.

33 CIJ Recueil des Cours, 1974, p. 269.

34 CIJ Recueil des Cours, 1961, p. 31.

162 Agenda Internacional

Igualmente en el asunto de los Ensayos Nucleares la CIJ dijo: «Que una declaración sea verbal o escrita, no implica ninguna diferencia esencial ( ... ) la forma no es decisiva»35•

De esto puede concluirse que no se exige formalidad alguna en la formulación del acto unilateral. En todo caso, el único requisito formal exigible es la publicidad del mismo.

El Derecho Internacional no impone ningún otro requisito para la validez de los actos unilaterales.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, para que un acto unilateral pueda surtir efectos jurídicos, requiere ser conocido por otro u otros sujetos. Si bien el acto jurídico

unilateral va a quedar plenamente conformado con la sola declaración de voluntad del Estado, sus efectos se producirán recién a partir de que sea conocido por el Estado al cual va dirigido.

          Esto, sin embargo, no quiere decir que el acto deba ser aceptado por la otra parte. Como afirma Verdross, los negocios jurídicos unilaterales requieren recepción, pero no aceptación, puesto que la consecuencia jurídica se produce en el instante mismo de llegar la declaración a su destinatario

• Jiménez de Aréchaga por su parte, nos dice que la toma

de conocimiento de la existencia del acto, constituye el punto de partida de los efectos jurídicos del acto unilateraP7

• Y finalmente, Halacjzuk comparte lo dicho por estos autores, al señalar que los efectos se producen cuando la declaración llega al destinatario Lo anteriormente expresado no implica que el acto unilateral deba estar dirigido a un Estado en particular, puesto que puede estar dirigido a un grupo o conjunto de Estados. Esto se desprende del tan citado asunto de los ensayos nucleares, donde Francia hizo una declaración unilateral erga omnes.

e) Respecto del fondo, es esencial que el Estado de quien emana el acto unilateral quiera realmente comprometerse, es decir, que la declaración haya sido hecha con el ánimo de asumir un compromiso internacional y no se trate de un simple comentario personal, no oficial y sin ningún ánimo vinculante. Como señala Guy de Lacharriere «no es admisible que un Estado que ha formulado una declaración se encuentre, más tarde, con la sorpresa de que, sin saberlo, ha quedado irrevocablemente vinculado por ella»3.   Sobre esto la CIJ en 1974 sentenció: «Cuando es intención del Estado autor de la declaración vincularse conforme a sus términos, esta intención confiere a la declaración el carácter de un compromiso jurídico, y

35 CIJ Recueil des Cours, 1974, p. 267-268.

36 VERDROSS, Alfred. Op. Cit. p. 24.

37 JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 224.

38 HALACJZUK, Bohdan y MOYA DOMINGUEZ, María Teresa. Derecho Internacional Público, Buenos Aires:

Ediar, 1978, p. 94.

39 DE LACHARRIERE, Guy. La politiquejuridique exterieur, París, 1983, p. 61.

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el Estado interesado está obligado jurídicamente desde entonces a seguir una línea conforme con su declaración»40

•

6.2 Respecto de Terceros Estados: El Estado, como sujeto de Derecho Internacional, está facultado por sí solo para crear normas jurídicas internacionales. El acto unilateral produce por sí solo efectos jurídicos

respecto de terceros Estados y no necesita, como así lo señala Moncayo, de otros actos unilaterales concordantes de otro u otros Estados, para dar nacimiento a una disposición del derecho positivo.

Lo dicho, empero, ha sido rebatido por la jurisprudencia internacional en el caso Wimbledon y en el asunto de las zonas francas. La sentencia sostiene que el Principio de Igualdad Soberana de los Estados, como principio general del derecho positivo, impide que se impongan obligaciones a un Estado por la mera voluntad del otro. No es posible, en consecuencia, concebir una norma jurídica internacional general en cuyo proceso formativo sólo ha participado la voluntad de un Estado. Puede suceder, sin embargo, que la intervención de otro u otros Estados en la creación de la norma se evidencie en una actitud meramente pasiva. Pero esta actitud - se afirma- implica también una voluntad de aquiescencia. En este asunto, creemos que el error de la doctrina y la jurisprudencia parte, de entender el término efectos jurídicos como sinónimo de obligaciones únicamente. Definitivamente, ningún Estado tiene la potestad para crear unilateralmente obligaciones a cargo de terceros Estados. Sin embargo, los efectos jurídicos no se limitan al campo de las obligaciones, sino que también comprenden el campo de los derechos. Si esto queda claro, no cabe duda que los actos unilaterales de los Estados surten efectos jurídicos respecto de terceros Estados, aunque éstos se encuentren limitados a la esfera de los derechos. En efecto, los actos unilaterales crean -como lo señalamos- obligaciones jurídicas para el Estado declarante, pero como toda obligación implica un derecho, en este caso, se genera uno en favor de un tercer Estado. El hecho que el Estado lo ejercite o no, no impide que este derecho exista ya desde un inicio.

7. FUNDAMENTO

Con respecto al fundamento de la obligatoriedad del acto unilateral, éste descansa en el principio de la buena fe. Así lo expresó la CIJ en su sentencia de 1974, al señalar que: «Uno de los principios básicos que presiden la creación y la ejecución de las obligaciones jurídicas, cualquiera que sea su fuente, es el de la buena fe. La confianza recíproca

40 CIJ Recueildes Cours, 1974. p. 267.

41 MONCA YO, Guillermo y otros. Op. Cit., p. 160.

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es una condición inherente a la cooperación internacional, sobre todo en una época en que en muchos campos esta cooperación es más indispensable. Al igual que ocurre con la regla del derecho de los tratados Pacta Sunt Servanda, el carácter obligatorio de un compromiso internacional asumido por declaración unilateral descansa sobre la buena fe. Los Estados interesados pueden, pues, tener en cuenta las declaraciones unilaterales y confiar en ellas; están autorizados a exigir que se respete la obligación así creada»  Entonces, si un Estado emite una declaración unilateral de voluntad, se presume que lo hace de buena fe. Por ende, los terceros Estados destinatarios de la declaración, pueden adoptar las medidas o acciones que correspondan, confiados precisamente en la buena fe de ese Estado. Lo contrario, nos llevaría al caos, a la desconfianza total entre los Estados y a su posterior y absoluto aislamiento.

8. ACTOS UNILATERALES COMO FUENTE DEL DERECHO INTERNACIONAL

Un tema muy debatido en la doctrina de los actos unilaterales es la posibilidad que éstos puedan ser considerados como una fuente más del Derecho Internacional, al lado de la costumbre, los tratados y los principios generales del derecho.

           Hoy, nadie duda de la importancia de los actos unilaterales como precedentes para la creación de derecho. Autores como Venturini, Suy, Dehaussy, Diez de Velazco y Moncayo, entre otros, reconocen la importancia de estos actos como generadores de fuentes normativas. Así, la existencia de una serie de actos unilaterales con contenido idéntico y de diversos Estados, puede dar lugar a la formación de una costumbre internacional y una promesa aceptada puede dar origen a un tratado. En consecuencia, lo que inicialmente era un acto unilateral puro y simple, da paso a la formación de una norma general. Sin embargo ¿puede afirmarse que el acto unilateral, es por sí mismo, una fuente de Derecho Internacional?

        La mayoría de autores, se inclina por desestimar esta posibilidad pues consideran que una fuente sólo puede dar origen a normas generales y por lo tanto, no puede comprender al acto unilateral. Chaumont niega así a los actos unilaterales valor de fuente de derecho, observando que tales actos son derecho transitorio y que surgen en ausencia de tratado o costumbre. Delbez, por su parte, entiende a los actos unilaterales como simples instrumentos de ejecución que carecen de capacidad para crear reglas generales43 • Otros autores, como Santiago Benadava, prefieren evitar el tema. El profesor chileno señala: «Por nuestra parte, preferimos atenernos al criterio tradicional y no complicar aún más la ya difícil teoría de las fuentes.»

42 CIJ Recueil des Cours, 1974, p. 268

43 Citados por Celso Mela. Op. Cit., p. 243.

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Sin embargo, nosotros discrepamos con estas opiniones. Para explicar nuestra posición habría que empezar por analizar el concepto mismo de fuente. Así, «fuente» significa principio u origen de algo. Inquirir la fuente de una regla jurídica, es buscar, entonces, el punto por el cual ha salido de las profundidades de la vida social para aparecer en la superficie del derecho. En el orden jurídico, las fuentes del derecho están constituidas por todo lo que es punto de partida y causa de sus manifestaciones. Ahora bien, las fuentes del derecho, desde Julien Bonnecase en adelante, pueden ser clasificadas en dos grandes grupos45

:

a) Materiales: Son aquellos factores o elementos que determinan el contenido de la norma jurídica. Son las necesidades o problemas de diversa índole (cultural, económica, etc) que las normas jurídicas deben regular. Estas fuentes son subyacentes a las fuentes formales y son extrajurídicas, ya que surgen de la filosofía mas no del derecho positivo.

b) Formales: Son los procedimientos a través de los cuales nace o se manifiesta el Derecho por lo cual poseen naturaleza jurídica. En otras palabras, son los procedimientos mediante los cuales se producen válidamente normas jurídicas obligatorias. Con respecto a estas últimas, existe discusión. Para algunos autores, la norma para ser tal supone necesariamente un mandato general. Jéze sostiene así que la calificación de «regla de derecho» debe estar reservada al principio que procede de una fuente de orden general y no de una voluntad particular. La voluntad o consentimiento del Estado es el punto inicial y necesario del proceso de creación de normas, pero aunque el consentimiento individual del Estado es relevante, no es definitivo ya que para la creación de una norma jurídica internacional es necesario que el consentimiento de cada Estado se cristalice en el consentimiento del grupo social de Estados, concluye46

•

En síntesis, Rodríguez Carrión y Jéze entienden que el acto unilateral, al no surtir efectos jurídicos generales, sino particulares, no puede ser considerado como fuente del derecho. Sin embargo, creemos que ésta es una concepción restringida y parcial del término fuente del derecho. Siguiendo a autores de la escuela vienesa, como Kelsen o Adolfo Merkl, podemos entender a los actos jurídicos unilaterales como verdaderas fuentes del Derecho Internacional y, además, que el término «regla de derecho» o «norma jurídica», se da cuando se impone una obligación jurídica a un sujeto de derecho individual o a varios sujetos, colectivamente. Por tanto, siguiendo este razonamiento, al imponer los actos unilaterales de los Estados una obligación jurídica a un sujeto de derecho, esto es, al propio Estado declarante, son definitivamente una regla de derecho o norma jurídica.

44 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho, 7ma. ed., Lima: 1980, p. 233.

45 BONNECASE, Julien. Introducción al Estudio del Derecho, trad. del francés por J. M. Cajica, México: Editorial

José M. Caica, 1944, p. 131.

46 RODRIGUEZ CARRION, Alejandro. Lecciones de Derecho Internacional Público, Madrid: Tecnos, 1987.

166 Agenda Internacional

De esta opinión es Paul Reuter cuando señala:

«No debe olvidarse, en efecto, que la expresión «fuentes del derecho internacional» no designa solamente las fuentes de normas de carácter general, susceptibles de continuada aplicación, sino también las normas que reglamentan una situación individual, es decir, las normas de carácter individual.. .. Es así como los acuerdos internacionales regulan tanto situaciones

concretas singulares, como crean normas generales. Siendo esto así, ¿por qué no habría de ser normal considerar como fuente del derecho internacional a los actos unilaterales

... ?»47

• El profesor brasilero Celso Melo señala en el mismo sentido: En verdad, nosotros no vemos c6mo negar el aspecto de fuente a los actos unilaterales. La fuente constituye un medio por el cual los Estados se autolimitan, por el cual los Estados ajustan su conducta y, en este sentido, la respuesta es afirmativa48

•

Si el debate lo trasladamos a nivel de expertos en teoría del derecho, nuestra base se amplía aún más. Así autores de la talla de Claude Du Pasquier entienden que los actos jurídicos unilaterales son fuentes del derecho. La diferencia está -señala- en que la obligación emanada de un acto jurídico unilateral es una norma individual, mientras la obligación

que emana de la ley es una norma general. Existe entonces una diferencia de grado, mas no de naturaleza. Una y otra tienen la misma fuerza obligatoria y son apoyadas por el mismo sistema de sanciones49

• En el Perú, Marcial Rubio comparte esta postura. Señala que en la teoría del derecho se suele encontrar objeciones a considerar la declaración unilateral

de voluntad como una auténtica fuente del derecho, porque sólo produce autoimposiciones de carácter individual y no general. Pero -agrega el autor- aún cuando la declaración unilateral de voluntad produce obligaciones individuales, no dejan de ser normas

jurídicas, obligatorias y exigibles en derecho50•

En síntesis, si entendemos que la norma no supone necesariamente un mandato general, sino que puede también producir uno individual, la conclusión coherente es que la declaración unilateral de voluntad de un Estado que produce un mandato individual, con

obligatoriedad jurídica, es fuente del derecho.

CONCLUSION

A modo de conclusión, podemos destacar entonces que el tema de los actos unilaterales de los Estados es complejo y dinámico. Su tratamiento hasta la fecha ha sido por demás insuficiente, lo que obliga a bolear esfuerzos para su mayor y mejor desarrollo.

Quizá la propuesta fundamental que podría extraerse al final de este trabajo es que sólo aquellos actos unilaterales que surtan efectos jurídicos puedan ser considerados como tales y, en consecuencia, como fuentes de Derecho. Lo particular de esta propuesta es que se aparta de los conceptos tradicionales, entendiendo que existen normas internacionales de carácter individual que obligan a un solo sujeto, que compromete a un solo Estado.

47 REUTER, Paul. Derecho Internacional Público, Barcelona: Bosch, 1958, p. 36.

48 MELO, Celso de Alburquerque. Op. Cit., p. 243. En igual sentido se pronunciaJacques Bentzen "Le Silencecomme

Manifestation de Volonté en Droit Intemational Public", EN: RGDIP, 1963, N° 1, p. p. 44 y sgtes.

49 DU PASQUIER, Claude. Introducción al Derecho, 3ra. ed. Lima: Ediciones Justo Valenzuela, 1985, p. 66 y 67.

50 RUBIO CORREA, MARCIAL. El Sistema Jurídico, Lima: Fondo Editorial PUCP, 1985, P. 211.